miércoles, 30 de agosto de 2017



GUERRAS Y CONFLICTOS

EXCLUSIVA: Cómo explosivos 'Marca España' pudieron acabar en manos de yihadistas sirios

La Dirección de Aduanas de Antakya denegó el tránsito de la mercancía a través del paso fronterizo de Cilvegözü el 10 de junio de 2015, a pesar de que ésta contaba con una autorización policial. Los funcionarios esperaban una confirmación del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Seguridad Nacional turcos.
Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista. Había muy pocas probabilidades de que el explosivo llegara a su comprador.
Y, para más inri, fuentes de MAXAM aseguran que parte del cordón detonador desapareció en el trayecto de la fábrica — ubicada en la provincia turca de Malatya — a la frontera.
Mientras el camión aguardaba en el paso fronterizo a la espera de recibir el salvoconducto de las autoridades turcas, la información se filtró al periódico opositor turco Cumhuriyet, que publicó la noticia. Los periodistas que lo firmaron sugieren en su artículo que la transferencia se abortó cuando pidieron información sobre el envío a los funcionarios de la frontera.
A las suspicacias generadas por la ruta escogida se suman toda una serie de interrogantes que generan serias dudas sobre la veracidad de la versión oficial y que tratamos de abordar en este reportaje:
¿Existía realmente la empresa jordana compradora del material explosivo o era una tapadera para justificar y maquillar el envío a Siria? ¿Qué grupos rebeldes controlaban el lado sirio de la frontera por dónde tenía que pasar el camión para llegar a su destino oficial? ¿A quién podía ir dirigida la mercancía y en manos de quiénes pudo haber acabado la que se "perdió"?
Aunque la venta la efectuó su filial turca, ¿qué responsabilidad tiene la multinacional española MAXAM? Y en este sentido, ¿qué dice la ley española sobre el control de exportación de material de defensa?
Y por último, Turquía tiene una ley tan o más restrictiva que la de España en esta materia. ¿Por qué el Estado turco no investigó, si la ruta escogida y la empresa compradora levantaban tantas sospechas?

La empresa fantasma que compró el material explosivo

Aykut Küçükkaya, uno de los redactores de Cumhurriyet que descubrió el envío, explica a VICE News sus dudas sobre ASR Trading Company, la empresa jordana que pagó 578.046 liras turcas [210.000 dólares] por la cuerda detonante
Factura de la compra del material explosivo.
El periodista apunta que la dirección de la empresa era falsa y que, por aquel entonces, llamaron al teléfono de ASR Trading Company y la persona que respondió al otro lado se negó a dar cualquier información de la firma.
A día de hoy en internet no consta ningún tipo de referencia con el nombre y los datos de la empresa compradora que aparecen en la factura. Todo indica que alguien se tomó las molestias de borrar cualquier rastro de la supuesta compañía jordana o que nunca hubo tales referencias en la red.
El reportero Aykut Küçükkaya recuerda que, por aquel entonces, los portavoces de MAXAM Anadolu se desentendieron de lo sucedido. Asegura que fuentes de la empresa fabricante afirmaron que "ellos sólo daban el producto" y "que el resto no era asunto suyo", a pesar de que el titular de la autorización de circulación expedida por el Ministerio del Interior era la filial turca.
Lo cierto es que, sin las autorizaciones de importación y de circulación expedidas por el gobierno turco a la empresa fantasma, el cargamento no habría llegado hasta la aduana.
Autorización policial para el cargamento para transitar desde la planta de MAXAM Anadolu hasta el paso fronterizo de Gilvegözü.

Una ruta controlada por Al-Qaeda y grupos rebeldes

Si el camión cargado con productos explosivos MAXAM hubiera conseguido cruzar la frontera con Siria en su presunta ruta hacia Jordania, ¿qué es lo que habría encontrado a su paso?
En primer lugar, el puesto fronterizo sirio de Bab al-Hawa, que en junio de 2015 estaba controlado por un conglomerado de distintos grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista y aliados del Frente al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda en Siria.
Fuentes opositoras al régimen sirio consultadas por VICE News detallan que, en aquella fecha, los grupos Jabhat al-Islamiya [Frente Islámico], Harakat Nour al-Din al-Zenki, Jaish al-Muhajireen wal-Ansar y Asala wa-al-Tanmiya, estaban al mando de este puesto fronterizo en la norteña provincia de Idlib.
De corte salafista, el Frente Islámico se creó en noviembre de 2013 a partir de la fusión de diferentes milicias opositoras. La más importante es Ahrar al-Sham, que cuenta con el apoyo de Turquía y una gran presencia de combatientes en las provincias de Alepo e Idlib, donde coopera con el Frente al-Nusra en la lucha contra el régimen sirio de Bashar al-Assad.
Aunque Ahrar al-Sham finalmente se integró en el grupo opositor que participa en las conversaciones de paz de Ginebra, Siria y Rusia lo consideran terrorista y lo siguen atacando a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado 27 de febrero.
Debido a su inferioridad militar, el Frente Islámico ha desarrollado una especial habilidad para cavar túneles en ciudades como Alepo y así poder infiltrarse en las líneas del régimen, con el objetivo de hacer saltar por los aires cuarteles llenos de hombres leales a Bashar al-Assad.
Los topos bomba de esta organización salafista también se han especializado en el manejo de explosivos, convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para unas tropas gubernamentales que han sufrido ataques de este tipo en varias ocasiones.
Por su parte, Harakat Nour al-Din al-Zenki es uno de los grupos a los que en su día armó Estados Unidos, y que en la actualidad combate junto al brazo de Al-Qaeda en Siria contra el Gobierno y sus aliados. En su fallido plan por armar a diferentes facciones moderadas del Ejército Libre de Siria, el Pentágono suministró misiles anticarro TOW a Al-Din al-Zenki, armamento que facilitó el avance yihadista en regiones como Idlib.
Jaish al-Muhajireen wal-Ansar es un grupo yihadista que cuenta con una gran cantidad de milicianos chechenos y combatientes europeos en sus filas, mientras que Asala wa-al-Tanmiya es una brigada salafista apoyada por Arabia Saudí.
Mapa con los frentes de guerra en Siria el 15 de junio de 2015. (Imagen vía Thomas van Linge).
Después de dejar atrás el paso fronterizo de Bab al-Hawa, el vehículo hubiera encontrado en su ruta hacia el sur de Siria decenas de controles de grupos opositores de corte yihadista como los anteriormente mencionados, así como del Frente al-Nusra.
Además, una vez superadas las provincias de Idlib y Hama, el camión cargado con explosivos sólo hubiera podido continuar su camino hacia la frontera jordana a través de territorios controlados por el régimen sirio o por Estado Islámico, también plagados de checkpoints. Cabe recordar que Estado Islámico está enfrentado a su vez a los rebeldes sirios y al Frente al-Nusra, así como al gobierno sirio.
En estos puntos de control se registran a fondo todos los vehículos y cualquier mercancía susceptible de servir como munición para el enemigo es incautada.
Teniendo en cuenta esto, si realmente el destino final del material explosivo era una empresa ubicada en Amán — recordemos las dudas que la rodean — el logista que organizó la ruta hubiera tenido que prever que los grupos opositores nunca habrían dejado pasar dicho material explosivo a un territorio controlado por sus enemigos del régimen o Estado Islámico.

MAXAM, la multinacional española que fabrica explosivos

MAXAM tiene su origen en la Unión Española de Explosivos (UEE), fundada a finales del siglo XIX. En el año 2006, fruto del desarrollo internacional de la compañía, tomó su denominación actual. Hoy opera en más de 100 países en los 5 continentes con fábricas en más de 45 de ellos, según su web.
En 2013, MAXAM Anadolu, una aventura conjunta entre Turkish Anadolu Nitro A.S. y MAXAM Europa S.A. — que inició sus operaciones en 2009 —, invirtió 8 millones de euros en levantar una fábrica en Karakas, una localidad de la provincia de Malatya. La multinacional española es el socio mayoritario.
De acuerdo a la información aportada por el responsable de compra y venta de la filial turca, Fatih Budak, MAXAM Anadolu goza de cierta autonomía, pero la gestión de la contabilidad y el control de los registros de entradas y salidas dependen "totalmente" de España.
Además, Budak especifica a VICE News que en su consejo ejecutivo participa un directivo español de MAXAM para orientar la estrategia comercial, y las negociaciones de compra y venta se dan consultando a los directores de España. También asegura que, aunque las oficinas centrales "no tienen una intervención directa" en su compañía, las decisiones se toman "en base" al director español de MAXAM.
Al otro lado del Mediterráneo, Lucas Ferreira, responsable de comunicación de MAXAM, sostiene a este medio que su filial se gestiona "de forma independiente" y que las decisiones de inversión se toman "en función de las condiciones de mercado y en línea con las políticas de la compañía a nivel global y la legislación vigente en el país".
La ley que regula el control del comercio exterior de armas en España obliga a las empresas a inscribirse en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. Sin esta inscripción no se puede obtener una autorización de transferencia para estos productos. Se denomina material de doble uso a aquel que puede ser utilizado tanto en la guerra como en actividades civiles, como la minería. La cuerda detonante estaría incluida en esta categoría.
Toda compañía del sector que opere en territorio español debe solicitar a la Secretaría de Estado de Comercio una autorización para la exportación. Pero es la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) quien emite un dictamen vinculante sobre si debe autorizarse o no.
También estarían bajo supervisión de este ente aquellas transacciones en las que la negociación o el concierto de compra se dé en España, aunque el producto vendido esté en un tercer país.
El profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del Centro Delàs de Estudios para la Paz, Eduardo Melero, opina a VICE News que imputar a MAXAM este último supuesto por la presencia de un directivo en el consejo ejecutivo de la filial conllevaría una interpretación "demasiado forzada" de la ley española.
Por la otra parte, en la web del Ministerio de Exteriores turco se asegura que su legislación en la materia va en sintonía con los baremos de la Unión Europea (UE). Las empresas del sector también están obligadas a registrarse, hace falta una licencia ministerial para la exportación y existe una institución parecida a la JIMDDU: el Subsecretariado para la Industria de Defensa (SSM en turco). Pero lo cierto es que su normativa es mucho más intervencionista que la española.
El gobierno de Turquía tiene la potestad de dar órdenes regulatorias sobre planificación de acuerdo a la estrategia general aprobada en el Consejo de Ministros. A efectos prácticos, el Comité Ejecutivo de la Industria de Defensa, presidido por el primer ministro, por el Jefe de Estado Mayor y por el ministro de Defensa Nacional, establece donde hay que invertir y qué es lo que se exporta y lo que se importa, también en el sector privado. El turco es un mercado de defensa y doble uso muy proteccionista, de ahí que surjan fórmulas de asociación como las de MAXAM Anadolu.
Fatih Budak asegura que en Turquía su producto no entra dentro de los circuitos de control de material de defensa, y que a quienes solicitan autorización son a la Dirección General de Seguridad, que pende del Ministerio de Interior. El director de compra y venta de MAXAM Anadolu ha declinado hacer declaraciones sobre el cargamento de cuerda detonante. "No puedo hablar de esto porque se encuentra en otro ámbito", declara Budak a VICE News.
Aunque Lucas Ferreira sí que aporta algunas informaciones sobre el polémico envío: la empresa compradora contrató directamente el transporte y pasó a recoger ella misma el producto en sus polvorines. Ferreira asegura que ASR Trading Company contaba con los permisos gubernamentales de importación correspondientes, y añade un dato desconocido hasta la fecha.
"Según la información recabada por nuestra filial, el transportista fue retenido en la frontera y obligado a devolver la mercancía a nuestros polvorines. Al proceder al recuento de la mercancía se detectó la falta de producto, y se alertó a la policía turca", explica el responsable de comunicación de MAXAM, quien rechaza cualquier responsabilidad de MAXAM Anadolu sobre el transporte. De acuerdo a la misma fuente, el conductor fue detenido.
Pero el permiso de Interior para el transporte de explosivos contradice a Ferreira, pues, en él, MAXAM Anadolu aparece como titular de la autorización.
A pesar de esto, y a la espera de que se resuelva el proceso judicial, todo apunta a que MAXAM y su filial turca no incurrieron en un delito contra las normativas de España y Turquía, pero sí que violaron su responsabilidad social corporativa al no comprobar las credenciales de la empresa compradora y el posible destino y uso que tenía su mercancía. La ruta a través de Siria y los antecedentes del gobierno turco en el suministro de armamento a los rebeldes sirios eran claros indicadores de lo fraudulento de la operación que se estaba a punto de fraguar.

Turquía, un comprador preferente

Turquía es el sexto país del mundo que más armas importó en 2015, según el último informe del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo (SIPRI). La creciente inestabilidad en Oriente Próximo y la guerra civil en el sureste de mayoría kurda explicarían el porqué de este incremento.
El informe del SIPRI señala a España como el tercer país que más ha contribuido a este rearme, en un contexto en el que ha devenido el segundo del mundo que más ha aumentado sus exportaciones. En 2012, un año antes de la apertura de la fábrica de MAXAM Anadolu, el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, viajó a Turquía para impulsar acuerdos en materia de defensa.
Las relaciones entre Turquía y España — ambos miembros de la OTAN — en esta área son estrechas. El intervencionismo turco otorga un importante papel a los acuerdos intergubernamentales, que son una de las claves para el impulso estratégico de compañías españolas como MAXAM en el país.

Una investigación que no acaba aquí

Can Dündar y Erdem Gül, director de Cumhuriyet y responsable de la redacción de Ankara respectivamente, cumplieron condena en un penal bajo cargos de espionaje y revelación de secretos de Estado hasta que la corte constitucional de Turquía impuso su liberación el pasado 26 de febrero.
Las acusaciones se referían a informaciones que señalaban al servicio nacional de inteligencia (MIT, en sus siglas en turco) por el envío de armas a rebeldes sirios escondidas entre ayuda humanitaria.
El intervencionismo del gobierno turco en la industria de material de defensa permite que el ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan haga y deshaga a su antojo y pueda firmar permisos como los expedidos a la empresa ASR Trading Company.
A las informaciones periodísticas que indican que Ankara ha estado armando a grupos islamistas de la oposición siria, se unen las recientes denuncias del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP por sus siglas en turco). El pasado 16 de febrero, su líder, Kemal Kiliçdaroglu, reiteró que "Turquía no debería dar apoyo armado a los grupos yihadistas en Siria, tales como el Estado Islámico".
Desde el inicio del conflicto sirio en marzo de 2011, el gobierno turco ha tomado partido por la oposición al régimen sirio. Pero desde que en julio de 2012 el Partido de la Unión Democrática (PYD) — vinculado ideológicamente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) — declarara el autogobierno en las zonas kurdas de Siria, las sombras de la colaboración de Ankara con grupos yihadistas como Estado Islámico y el Frente al-Nusra se han incrementado notablemente.
Teniendo en cuenta los hechos expuestos y todas las sombras que acechan al gobierno turco por su implicación en el conflicto sirio, ¿no debería España reconsiderar si Turquía es un país apto para la exportación de material de defensa y doble uso?
Sigue a Quique Badia y a David Meseguer en Twitter: @qbadiamasoni y @davidmeseguer
Este reportaje no habría sido posible sin el trabajo sobre el terreno de Dogu Eroglu y Lara Villalón, el equipo informático de VICE Media y otras tantas personas que han preferido que sus nombres no aparezcan.

viernes, 21 de julio de 2017

Teresa Rodríguez y el líder de Podemos en Castilla-La Mancha discuten por el acuerdo con Page


La secretaria general andaluza ha cuestionado el pacto para un gobierno de Podemos-PSOE en Castilla-La Mancha

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha José García, ha replicado pidiendo más respeto y confianza


La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, entrevistada en La Cafetera, ha cuestionado el acuerdo de gobierno con el PSOE en Castilla-La Mancha. Si bien ha defendido que “es posible llegar a acuerdos puntuales con el PSOE, para evitar gobiernos del Partido Popular”, ha manifestado que entrar a gobernar en minoría con el Partido Socialista, tal y como se plantea en Castilla-La Mancha, “supone también lanzar el mensaje de que no se puede hacer mucho más”.
Para la secretaria general de Podemos Andalucía, “sólo es posible practicar los recortes blandos y no es posible una alternativa al marco general de la austeridad”. “Un marco de austeridad que ha sido construido a dos manos en este país”, ha incidido Teresa Rodríguez, haciendo referencia a los años de bipartidismo PP-PSOE.
Además, ha señalado que la decisión de formalizar un acuerdo de gobierno con el PSOE, “cambia el planteamiento general de Podemos, que desde un principio dijo que tenía que ser una alternativa al bipartidismo”.
Rodríguez ha afirmado que ésta es “la visión de Andalucía”, y que respeta “las posiciones de los demás, porque es saludable que haya debates públicos y diversidad de opiniones”.
Minutos después, José García Molina, homólogo de Teresa Rodríguez en Castilla-La Mancha llamaba para contestar. “Se quiere convertir en la voz autorizada de todo el mundo”, ha criticado, incidiendo en que la posición de la secretaria es “la opinión de los Anticapialistas, que son un grupo residual”.
García Molina ha señalando: “Parece que desde Andalucía nos tienen que decir a los castellano manchegos lo que tenemos que hacer en nuestra tierra”. Según el secretario, en su comunidad lo tienen “bastante claro”, y a pesar de haber calibrado los riesgos, también tienen en cuenta los “beneficios”.
“Recibimos ánimos, los votantes nos dicen que ‘adelante”, ha afirmado. Y ha finalizado pidiendo “respeto” por lo que se hace en la región y “confianza” en Podemos.

http://www.radiocable.com/

viernes, 14 de abril de 2017

FELIPE VI: Un rey que no ha hecho nada

Mil días después de suceder a su padre, Felipe VI mantiene las esencias de la institución. “La función que acomete es la misma, aunque esté representada de forma diferente”, afirma el líder de IU, Alberto Garzón.



Desde antes de que su padre abdicara, buena parte de la sociedad veía en su figura –incluso con temor en círculos republicanos–, la posible renovación de una monarquía abrasada por las correrías del propio monarca y la corrupción en la que estaba implicada parte de su familia. Joven, preparado, casado con una periodista divorciada ¡y no caza osos! “La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza (…). Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan, con toda razón, que los principios morales y éticos inspiren, y la ejemplaridad presida nuestra vida pública”, dijo Felipe VI en su primer discurso como rey de España. A diferencia de su padre, que juró su cargo delante de una Biblia y un crucifijo, él acababa de hacerlo sobre la Constitución.
Las manifestaciones a favor de la República que fueron prendiendo en distintos puntos del país cuando se conoció la abdicación de Juan Carlos I se diluyeron con los meses, pero el tiempo intocable de la monarquía nunca más volvió. Desde entonces, Felipe VI ha sido recibido en numerosos actos con protestas. “No queremos escuchar ningún discurso fácil de una estructura monárquica impuesta”, expresaron este mes de marzo los concentrados en una visita del rey a la empresa vasca Velatia. El pasado noviembre, en la apertura de la XII legislatura, un senador de IU llegó a desplegar una bandera republicana. El diputado y exlíder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, lució una camiseta con el lema “Yo no voté a ningún rey”. Y los diputados de Unidos Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, no le aplaudieron. Hace unos días, Ahora Madrid y PSOE votaron en la Junta Municipal de Hortaleza a favor de cambiar el nombre del Parque Felipe VI por el de Parque Forestal de Valdebebas.
Mil días después de suceder a su padre, y a pesar de llevar a cabo modificaciones en una casa pagada con dinero público pero sin apenas control, el heredero no ha dado señales reales de una renovación profunda y sí ha ofrecido, en consecuencia, más argumentos a partidos republicanos como IU para exigir el referéndum. El hashtag #MerecemosRepública ha sido tendencia en Twitter estos días. “Lo que debe importarnos es si la función que acomete Felipe VI tiene que ver o no con la que hacía su padre y creo que es la misma, aunque esté representada de forma diferente”, afirma el líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, preguntado sobre si el rey ha mejorado algo con respecto a su antecesor. Estos son cinco ejemplos en los que padre e hijo han mantenido, con más o menos diferencias, su hoja de ruta.

TRANSPARENCIA

Presupuesto y rentas

La Casa del Rey no está obligada a detallar el presupuesto asignado. Lo dice el artículo 65 de la Constitución sobre la que juró su cargo Felipe VI. De la época de su padre hasta ahora han cambiado algunas cosas: se ha realizado una auditoría externa, se publica desde 2015 la lista de regalos institucionales recibidos…  Pero las medidas son insuficientes. “Las preguntas que hacemos al Gobierno siempre son rechazadas y ese es el ejemplo más claro de cómo la transparencia sigue siendo nula”, sostiene Garzón. Su partido pide que se publique la distribución del presupuesto; el patrimonio de cada miembro, las acciones en sociedades, los ingresos y rentas, su origen y las actividades a las que se deben, además de una fiscalización por el Tribunal de Cuentas.
Los Papeles de la Castellana han puesto en evidencia la ausencia total de control y la alegría con la que algunos Borbones han gestionado sus fortunas. El caso de los Borbón-Dos Sicilias es paradigmático: aprovecharon la amnistía fiscal del PP para repatriar capitales que llevaban años ocultos en bancos suizos y otros paraísos fiscales. “¿Va a exigir responsabilidades al rey emérito por ser titular de una cuenta en Suiza, al parecer herencia de su padre? ¿Puede afirmar que ningún miembro de la familia real tiene recursos en el extranjero y, en particular, en paraísos fiscales?”, plantea el diputado Miguel Ángel Bustamante al Gobierno. IU también pide que Zarzuela informe sobre las organizaciones, ONG o patronatos en los que sus miembros ostenten cargos tras la deriva de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos.
MILES DE PERSONAS EN UNA MANIFESTACIÓN EN LA PUERTA DEL SOL DE MADRID PARA PEDIR LA REPÚBLICA. FERNANDO SÁNCHEZ

JUSTICIA

El caso Urdangarin

Aún retumban en la tele las palabras que pronunció el hoy rey emérito en su discurso de Navidad de 2011: “La Justicia es igual para todos”. Casi seis años después, las decisiones judiciales han desmontado aquella afirmación. Iñaki Urdangarin, su yerno, cuñado del rey actual, espera en Suiza la resolución del recurso a su condena: seis años de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales. Ni ha entrado en prisión ni ha tenido que pagar fianza para eludirla. Nada más acceder al trono, Felipe VI marcó distancias con su hermana, la infanta Cristina, al retirarle el título de duquesa de Palma y reducir la familia real a la reina y sus hijas. “La Casa Real primero protegió a Urdangarin y a la infanta, y después, cuando era inevitable, fue cuando intervino para salvar su imagen con cambios estéticos. Posteriormente utilizó todas las instituciones del Estado, toda su capacidad de presión para que el juicio fuera asimétrico en relación con el resto de juicios de los españoles. Y nos encontramos ante el ejemplo de la Fiscalía ejerciendo como abogado defensor o las instituciones del Estado como Hacienda actuando en función de las necesidades del abogado defensor”, denuncia Garzón.
Felipe VI no estuvo a la altura tampoco el día que la Audiencia de Palma hizo pública la sentencia. Ese viernes, el rey tenía un acto público en el Museo Thyssen. No dijo ni una palabra más allá del manoseado “respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial”, siempre a mano en el Palacio de la Zarzuela. Los periodistas no pudieron acompañarles en su visita, como sí sucede en otras ocasiones. La sentencia no solo condena a su cuñado, como destacó buena parte de la prensa. Exige a la infanta –absuelta de los delitos fiscales– la devolución de los 265.088 euros de los que se benefició por los delitos de su marido.

DIPLOMACIA

Viajes a Arabia Saudí

A diferencia de su padre, un huésped frecuente de las monarquías del Golfo Pérsico durante su reinado –agasajado con opulentos obsequios–, Felipe VI ha medido sus visitas a la zona. Uno de los viajes previstos a Arabia Saudí tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 fue suspendido e interpretado en algunos círculos como una muestra de sensibilidad hacia la opinión pública por las violaciones de los derechos humanos en aquel país. No obstante, tras varias cancelaciones, Felipe VI aterrizó en Riad en un viaje oficial de carácter económico: contratos multimillonarios que incluían, entre otras cuestiones, la venta de cinco corbetas que construirá Navantia.
“Independientemente del juicio que nos merezca su comportamiento en un tema u otro, [Arabia Saudí] es un elemento clave en la región y tiene un papel fundamental en su estabilización”, argumentó el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. “Nadie pone en duda el compromiso del Jefe del Estado con los derechos humanos”, defendió el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. “Desgraciadamente, no es nada nuevo”, lamentó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El líder de Ciudadanos también pidió que se hiciera notar la violación de derechos humanos en aquel país. “Sigue siendo el intermediario de las grandes empresas españolas para hacer negocio con los países que no respetan los derechos humanos”, insiste Garzón. “Vivimos la hipocresía más absoluta por parte de las élites, que son capaces de condenar lo que sucede en un país democrático como Venezuela e incapaces de hacer un mínimo comentario ante países más parecidos a un régimen feudal que a una democracia”.

IGUALDAD

El artículo machista

La Constitución sobre la que juró su cargo Felipe VI también recoge un artículo, el 57.1, absolutamente machista en la línea sucesoria –aunque en su caso no afecte, porque ha tenido únicamente hijas–. Las diputadas constituyentes se salieron del hemiciclo en la votación de aquel artículo, “una voluntad expresa de la monarquía que la ponencia constitucional respetó”, como afirma una de ellas. En 2005, el gobierno de Zapatero solicitó al Consejo de Estado un informe para su modificación, aunque pidiendo que se salvaguardasen expresamente los derechos del Príncipe de Asturias. El Consejo de Estado propuso introducir directamente que la sucesión correspondía a Felipe de Borbón y eliminar la referencia a la prevalencia del hombre sobre la mujer. Hasta el momento, el monarca tampoco se ha pronunciado sobre la reforma de ese artículo. Desde el PSOE insisten en que es necesario emprender una reforma de la Constitución que responda a la realidad de la España del siglo XXI, comprometida con la igualdad.

MEMORIA HISTÓRICA

Víctimas del franquismo

“La actitud de Juan Carlos ha sido indignante desde que en 1969 lo nombraron heredero. Jamás tuvo un minuto para las víctimas y jamás, jamás, dijo una palabra contra el dictador. Incluso, como decía su mujer, no le gustaba que nadie en su presencia dijera algo contra Franco. He gastado mucha saliva denunciando esto. Respecto a su hijo, ya se verá”, decía el historiador José María García Márquez el pasado verano en un reportaje publicado en esta misma revista. Unos meses más tarde, en el discurso de Navidad, Felipe VI pronunció las siguientes palabras: “Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”.
Atendiendo a estas declaraciones, el hijo no solo no ha tenido palabras para las víctimas del franquismo, sino que las que ha pronunciado han sido para ofenderlas, como denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que presentó una queja ante la Defensora del Pueblo. En su respuesta, la institución alegó que no tenía competencias para actuar en ese caso. Un caso, recuerda la ARMH, de derechos humanos.



jueves, 30 de marzo de 2017

Hablemos algo de El Corte Inglés

En manos de un exmiltante de Fuerza Nueva como el gobierno franquista del PP
El miedo a perder parte de la tarta de u publicidad hace que la mayoría de la prensa no hable de los problemas laborales, económicos y prestigio que esta sufriendo esos almacenes que fueron emblemáticos y ahora representa todo lo que una empresa no debe ni hacer ni ser



El presidente Dimas Gimeno y a la cúpula directiva de El Corte Inglés tendrán que comparecer ante el Juzgado número 46 de Madrid para explicar quién fue el destinatario final de los 19,5 millones de euros pagados a dos empresas, radicadas en los paraísos fiscales de Singapur y Emiratos Árabes, por “asesorar” en la venta del 10 por ciento de la cadena de distribución al jeque Al Thani de Qatar. La Justicia ha admitido a trámite la querella presentada por Carlota Areces, en la que sostiene que las comisiones “bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”.

En agosto de 2015 la junta de accionistas de El Corte Inglés aprobó que el Emirato de Qatar se hiciese con el 10 por ciento de las acciones, para lo cual se modificaron los estatutos, eliminando los derechos preferentes de los antiguos propietarios en la venta de acciones y se dio luz verde para que un representante del jeque de Qatar, Hamadbin Jassimbin Jaber al Thani, se incorporase al consejo. El gigante español de la distribución malvendió este importante paquete accionarial al multimillonario empresario qatarí quien, a cambio de apuntalar un modelo de negocio en pérdidas, prestó 1.000 millones de eurosal interés leonino del 5,25%.
El juzgado 46 de Madrid admite la querella presentada por Carlota Areces por los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental
Al Thani obtuvo el citado 10 por ciento de las acciones al valorar el precio global de El Corte Inglés en 10.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que apenas dos años antes la sociedad de tasación Tinsa había valorado al gigante español de la distribución en 18.000 millones. Los consejeros que criticaron la entrada del jequefueron apartados con el argumento de “reiterados incumplimientos de la Corporación Ceslar a sus deberes legales como administrador”.

Paraísos fiscales

En realidad era una venganza contra Carlota Areces Galán, sobrina del fundador de El Corte Inglés, y cabeza de la Corporación Ceslar, por calificar de oscurantista la operación de Qatar y pedir explicaciones por los 19,5 millones de euros que se habían pagadoen concepto de “asesoría en la estructura y en la operación” a dos sociedades radicadas en paraísos fiscales: Noganoir Capital Pte. Ltd. de Singapur y Tereze Capital FZE de Emiratos Árabes.
Casi un año y medio después de la entrada del jeque Al Thani, el Juzgado número 46 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por la Corporación Ceslar, que posee el 9 por ciento de las acciones de El Corte Inglés, contra la cúpula del gigante de la distribución por los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho de información y blanqueo de capitales, según publicaba el pasado 13 de marzo el digital “El Confidencial”.
La querella está dirigida contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Florentino Lasaga y Shahzad Shahbaz, el consejero del jeque Al Thani en El Corte Inglés, así como contra el supuesto asesor externo de la compañía David Barreiro y las citadas sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital.
La Corporación Ceslar sostiene que las comisiones de 19,5 millones “bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”
La Corporación Ceslar, que había reclamado sin éxito los contratos del pago de 19,7 millones antes de interponer la querella, sostiene que ese supuesto trabajo de intermediación nunca se produjo. “Ni ha existido esa labor de asesoramiento ni existe contrato de asesoramiento aportado a los consejeros", señala en su recurso. Y añade que esa cantidad “encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”. MIL21 publicó el 31 de agosto de 2015 que se sospechaba que el rey emérito Juan Carlos no había sido ajeno al asunto.

Duro auto de la Audiencia Provincial

En el auto reproducido por “El Confidencial” la Audiencia Provincial ordena investigar los mencionados delitos y critica que el Juzgado número 46 de Madrid desestimase inicialmente la querella presentada por Ceslar en febrero de 2016,decisión que la entonces jueza sustituta despachó en un fin de semana. La Audiencia califica de “prematura” aquella resolución dado que se tomó “sin practicar la más mínima diligencia, cuando resulta manifiesta la gravedad de los hechos, habida cuenta del volumen económico del que se trata, la complejidad de los avatares relatados y la falta de periciales de naturaleza económica que expliquen los pormenores de los negocios realizados, incluyendo coste y personas beneficiadas”.

Documentos confidenciales

La cúpula de El Corte Inglés ha tratado de evitar desde noviembre del pasado año entregar al Juzgado 46 la documentación sobre los trabajos de asesoramiento de las dos empresas que cobraron los 19,5 millones de euros. Argumentan que se trata de información confidencial. Una excusa que no ha sido admitida por el juez que ha citado a Gimeno, Hernández-Gil, Pizarro, Martínez Echevarría, Lasaga y Shahbaz el próximo abril para que aporten los mencionados papeles.
El presidente Gimeno y varios consejeros del grupo declararon el pasado 6 de marzo en calidad de testigos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, tras la demanda interpuesta por la Corporación Ceslar contra la decisión de expulsarles del consejo de administración.El juez desestimó la petición de Carlota Areces de suspender la vista hasta que concluya la vía penal, que tiene lugar en el Juzgado 46 de Madrid.

La versión de El Corte Inglés

“El Confidencial”recogió la versión de El Corte Inglés centrada en tres puntos: que a día de hoy ningún miembro de la cúpula de la empresa ha sido llamado a declarar como investigado (antes, imputado).En segundo término, la compañía asegura que no es verdad que sus abogados se negaran a entregar la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción 46, sino que sus representantes legales pidieron más tiempo para recopilarla y solicitaron que se les citara más adelante. Finalmente, que la Audiencia Provincial de Madrid que ha ordenado al Juzgado 46 admitir a trámite la querella “descarta por completo tanto la administración desleal como el blanqueo”.

Negocio obsoleto

El Corte Inglés arrastra en los últimos años una delicada situación que impide al grupo recuperar los niveles anteriores a la crisis, ante un modelo de negocio que se ha vuelto obsoleto, fundamentalmente, por tres factores: la pérdida de capacidad de consumo de la clase media española (históricamente su principal cliente), la población joven que compra su ropa en las tiendas de marcas populares como Zara y el crecimiento exponencial de las ventas online.
Este panorama ha generado que cerca de la cuarta parte de los centros comerciales registren pérdidas, lo que ha llevado a la dirección de los grandes almacenes a plantearse la venta de los centros deficitarios o, incluso, su cierre.
Medios financieros madrileños siempre pensaron que el jeque Al Tahni quiso hacerse desde un principio con el principal grupo de distribución español por una cantidad irrisoria, para después revenderlo por cinco veces más. Se trataría de la misma estrategia que hizo con Harrod’s, los míticos grandes almacenes londinenses. Ante un panorama tan difícil en los frentes de negocio, judicial y qatarí, los mismos medios estiman que están contados los días de Dimas Gimeno como Presidente de El Corte Inglés.