Un esforzado y heroico reportero anónimo, al menos para mí, ha filmado clandestinamente durante muchos días las atrocidades que se cometen en Arabia Saudí. Creo que intenta que su trabajo se reproduzca en la BBC, como ya sucedió tiempo atrás con otro semejante, sin que, por supuesto, en este nuestro bendito país nos enteráramos.
Las imágenes que he visto me han dejado completamente angustiada. Un hombre es ahorcado en la vía pública por los esbirros de policía, las fuerzas armadas o como se llamen los sicarios del régimen monárquico saudí que cumplen semejante tarea. Queda colgando de la cuerda con la lengua fuera y los ojos desorbitados. Sirve de espectáculo a los que se arraciman en la calle. Otro es decapitado. Sobre un tronco, los verdugos apoyan a la fuerza la cabeza de la víctima y un hacha se la separa del tronco, salpicando de sangre a los que están ahí cerca. Los demás miran.
La siguiente es una mujer. Ha sido condenada a decapitación por adulterio. Varios hombres empujan y arrastran a un ser inidentificable porque va envuelto completamente en unas telas negras. Es delgada y pequeña, la arrodillan en el suelo a golpes y, sin más, uno de los asesinos asesta un gran mandoble con una cimitarra sobre su cuello que queda colgando de los trapos de su vestido. En público, para ejemplaridad de las demás.
Las mujeres van cubiertas con unos sudarios negros de los pies a la cabeza, dejando solo una rejilla para los ojos. Todo hombre que ve a una mujer sola tiene derecho a maltratarla. En la calle un hombre le pega varios bofetones a uno de esos seres cubiertos de negro, sin que ella haga el menor gesto para defenderse. En un supermercado, el empleado empuja a la cliente que intenta llenar un carrito de la compra. La empuja varias veces hasta que la tira al suelo y allí la deja.
La voz del narrador explica que el régimen de Arabia Saudí ejecuta cada año a centenares de personas, en público. Que las tortura cortándoles la mano o el pie, a veces los dos, si son acusadas de robo. Las decapita, las lapida o las ahorca si han sido declaradas culpables de blasfemia, herejía, adulterio, sodomía, deshonra familiar.
Un periodista, Raif Badawi, un librepensador que defiende la separación de Estado y religión, se encuentra en prisión desde mediados de 2012. Hace un año fue declarado culpable de “insultar al islam a través de medios electrónicos” por haber difundido sus ideas a través de Internet. Por ello ha sido condenado a recibir 1.000 latigazos ya que escribió en su blog una crítica al régimen saudí. Después de que se le infligieran 70 su estado de salud era tan precario que se interrumpió la tortura, a la espera de que mejorara mientras cumple la pena de diez años de cárcel, añadida a los latigazos.
La esclavitud está permitida, y practicada por la propia Casa Real. Miles de criadas filipinas, importadas por las familias ricas del país, casi niñas, trabajan todo el día sin sueldo, mal comen, mal viven, y son violadas por el señor de la casa. Mal pueden reclamar derechos cuando las propias princesas de la dinastía han sido recluidas en el palacio, por su propio padre, hace años, prisioneras en él por mostrarse rebeldes a las normas imperantes. La prohibición de conducir automóvil es una anécdota en la sucesión de prohibiciones que deben cumplir las mujeres, una de las cuales es que no pueden salir a la calle más que acompañadas por un varón. Por ello, no se ven mujeres en las calles. Un país de distopía, donde unos hombres, los de las clases dominantes, devoran a todos los demás, sobre todo mujeres.
La sucesión de crímenes, infamias y conculcación de cualquier derecho humano, es la norma en Arabia Saudí.
Ese país, que es un lago de petróleo, y al que nuestros monarcas –España es un país bien singular que tiene dos reyes, dos reinas y pertenece a un club que tiene dos Papas- no dejan de apoyar.
Porque lo fundamental para la monarquía española es mantener su excelentes relaciones con las satrapías petroleras. Hemos visto al padre y al hijo Borbones abrazarse cariñosamente con toda la saga de los Ibn Saud, en los cuarenta años que soportamos su reinado. Y no sabemos qué beneficio económico comporta para nosotros o para ellos semejante amistad, pero con toda seguridad alguno será.
De otro modo, ¿cómo se podría obviar y ocultar y embellecer el horror en que vive la mayoría de su población saudita, en un siglo en que dicen que rige la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, promulgada en 1948? De otro modo, ¿por qué no hemos visto ninguno de esos dos documentales, que con tanto esfuerzo y riesgo, han filmado unos heroicos reporteros? ¿Por qué en España no se reproducen las declaraciones de Amnistía Internacional, Human’s Right Watch, y otras organizaciones de defensa de los perseguidos y explotados, que sin descanso siguen trabajando para denunciar ese régimen bárbaro y medieval? ¿Cómo es posible que se publiquen continuamente declaraciones y escritos de la corte de intelectuales, políticos, periodistas y otras especies de serviles y adulones personajes, rendidos al encanto de nuestros reyes, reclamando el respeto de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, y no se les oiga ni respirar sobre Arabia Saudí?
Y, ¿nos informan de lo que sucede en los Emiratos Árabes, en Kuwait, en Qatar, que tiene el dudoso privilegio de financiar el club de fútbol Barcelona, y del que futbolistas y aficionados, incluso niños, exhiben camisetas con su nombre? No, porque son las petromonarquías que abastecen de petróleo generosamente a la nuestra. Lo que no impide que nuestra factura de la luz o de la gasolina sea cada vez más cara. Se supone que las comisiones de los comisionados también lo serán.
¿Y conocemos las tropelías que cometen en Marruecos los sicarios del régimen, con miles de presos políticos en cárceles ignotas en el desierto? Pero Marruecos, un régimen autor de las mayores atrocidades contra el pueblo saharaui, bastión de la OTAN en el Magreb, es también inviolable e incriticable para nuestra infumable Casa Real, cuyos miembros, masculinos, no pierden ocasión en abrazarse con los otros varones de la dinastía alauita.
Solamente esta política de nuestros monarcas es suficiente para que los destronemos para siempre. Me siento triste de ver la indiferencia con que nuestro pueblo acepta que sus máximos representantes se relacionen, y se beneficien, con esos tiranos, pero al fin, las vanguardias políticas, esas que tanto hablan de cambio, deberían dirigir una campaña militante por la República.
Al menos, las feministas, esas que tanto rehúyen el compromiso político, deben posicionarse claramente contra nuestra Monarquía corrupta y cómplice de regímenes criminales, si es que les queda alguna pizca de solidaridad con las mujeres del resto del mundo.
Miguel Naveros, nos informa en un libro impresionante, La Derrota de Nunca Acabar, del expolio que sufrieron profesores, intelectuales, diputados, empresarios, republicanos, de Almería, a manos de los falangistas en cuanto estos ocuparon la ciudad. Entraron a saco en los domicilios privados y robaron cuadros, libros, entre ellos ejemplares valiosos de bibliotecas exquisitas, obras de arte, muebles, y se los llevaron, seleccionando primero los que consideraron prohibidos con los que incendiaron hogueras en los patios de las casas.
Miguel Company Carreño escribe una estremecedora carta al alcalde de la ciudad cuando este se disponía a firmar, en plena democracia, un convenio para la compra millonaria, con valoración seis veces mayor de la real, del fondo bibliográfico y anticuario de don Abelardo Haro Marín. En ella explica como ese fondo se creó y se nutrió de la incautación de las bibliotecas y objetos de arte de las casas de muchos de los almerienses. Y lo dice con conocimiento de causa puesto que siendo un niño de seis años asistió impotente a la entrada y expolio de la casa de su abuelo Miguel Company Bustos, diputado en las tres Cortes de la República. Asistió, desesperado, con su abuela y su madre, a la extracción de muebles, cuadros, estatuas y libros que se ubicaron en una camioneta que a tal fin los falangistas condujeron hasta allí.
“Se había acabado el expolio, escribe, pero empezaba el aquelarre. Los tipos en camisa azul fueron saliendo de uno a uno, y de nuevo vociferantes, de la casa, completaron con los restos de muebles destrozados la montaña de libros que se había formado sola y prendieron fuego a aquel amasijo de papel y maderas. En cuanto empezaron a subir las llamas se pusieron todos alrededor, patearon tacones contra tacones, se clavaron al suelo como alcayatas y empezaron a chillar… Cara al sol, con la camisa nueva…”
Las represalias incontroladas, o sea, al margen de todo juicio o procedimiento oficial, que hubo en la provincia de Almería entre 1939 y 1945, significaron asaltos a sedes de asociaciones, domicilios y despachos particulares de los que robaron los tesoros artísticos y bibliográficos, y las quemas de libros subversivos.
Miguel Company va detallando los bienes de su abuelo que ahora constituyen el patrimonio del tal Abelardo Haro Marín, cuyo fondo compraba el Ayuntamiento de Almería, obviando naturalmente informar a sus ciudadanos, que deben pagarlo, varias décadas más tarde, del origen de semejante fortuna.
Como todo historiador sabe, no fue la provincia de Almería la única víctima del saqueo de los bárbaros. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo para el profesor Baldomero Garcigoy que había fundado en Barcelona el Liceo Garcigoy, basado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, y que los jesuitas le expropiaron sin indemnización alguna, para convertirlo en el famoso colegio y residencia de jesuitas situado en la calle Balmes Provenza. Del origen del conocido edificio llamado habitualmente “los jesuitas de la calle Balmes”, nadie sabe nada ahora.
“La Fundación Lázaro Galdiano es una institución cultural que tiene su origen en la colección del erudito, anticuario y mecenas cultural José Lázaro Galdiano, que a su muerte donó todo su patrimonio al Estado español, que asumió su legado en diciembre del año 1947. Los bienes se componen de su casa-palacio, la editorial por él creada (que impulsó entre otras publicaciones la revista La España Moderna, nombre asimismo de la editorial), una biblioteca que consta de veinte mil volúmenes, entre los que se encuentran valiosos manuscritos e incunables y alrededor de trece mil obras artísticas. Dichas obras se exponen en el Museo Lázaro Galdiano”. Así reza la información ofrecida por Wikipedia y así constará por los siglos de los siglos, ocultando que a Lázaro Galdiano se le incautaron esos bienes, nada menos que en el año 1947, privando a la familia de su herencia.
Fincas urbanas y rústicas, terrenos de labranza que ocupan miles de hectáreas, edificios pertenecientes a sindicatos, partidos políticos, asociaciones y periódicos, fueron incautados y asesinados sus dueños, en toda España. Los cadáveres de muchos de los legítimos propietarios de ese patrimonio han permanecido ochenta interminables años en todas las cunetas y caminos de nuestro país. Los que fueron encarcelados, al salir en libertad, estaban desposeídos de todo su patrimonio, y más valía no reclamarlo so pena de dar con el cementerio.
Ni se han devuelto los bienes ni indemnizado a los dueños o a sus descendientes. Ni aún, como ya es notorio, se han anulado los infames juicios que se les instruyeron a tantos asesinados ni se ha procedido a investigar donde se hallan los restos de nuestros mejores hombres y mujeres. Vivimos con la vergüenza de que sea en Argentina donde se está llevando a cabo el procedimiento sumarial contra los asesinos y sicarios del franquismo.
Pues bien, en estos ya largos años de democracia nunca se ha oído una palabra a nuestros amados reyes que indicara su preocupación por tal estado de cosas. En ninguno de los discursos con que el viejo rey nos ha obsequiado a lo largo de sus 38 años de reinado se hace mención alguna a la necesidad de reparar los desmanes que se cometieron bajo la dictadura. Cierto que muchos de los agraciados con las expoliaciones son amigos de la Casa de Real, y por supuesto frecuentan los círculos de elegidos de la aristocracia más rancia y más reciente. Pero es que tampoco el joven rey, dechado de virtudes, se ha molestado en indicar que sería hora de que las terribles páginas de nuestra historia ensangrentada de ochenta años se pasaran mediante la creación de la Comisión de la Verdad, la Reparación y la Justicia, que estamos reclamando.
Porque los que mantenemos vivo el recuerdo y las justas reclamaciones no tenemos el poder institucional. Y los que, teniéndolo, no lo hacen, aherrojados por el miedo, que es el hilo conductor de la historia de España durante estos más de tres cuartos de siglo. Hemos soportado la ocurrencia del Ayuntamiento de Madrid de que se le cambie el nombre al Valle de los Caídos y se le ponga el de la Paz, que recuerda tanto las celebraciones franquistas de los Veinticinco Años de Paz en 1964. Otra ilustre demócrata dice que se podría poner al lado otro monumento, para nosotros, los perseguidos y humillados. Cualquier cosa con tal de no molestar demasiado a los franquistas que aún siguen vivos y a sus hijos y nietos y a sus socios y a sus amigos que siguen mandando en el país. Porque saben que el régimen monárquico que nos impusieron nunca consentirá que derribe el monumento a la infamia que constituye ese monstruosa construcción que llaman Valle de los Caídos, se exhumen los cadáveres, se investiguen los crímenes, se anulen los juicios, se indemnice a las víctimas y se conozca pública y universalmente la verdad.
El pacto de la Transición consistió, entre otras cosas, en legalizar la injusticia, escarnecer la verdad, humillar a nuestros héroes y víctimas y engañar a nuestros hijos y nietos sobre la historia de España y el esperanzador proceso de la II República. Y para conseguir tales fines es imprescindible que esté el Monarca dando legitimidad a este plan.
Porque a nadie se le escapa que al proclamar la III República una de las primeras tareas sería precisamente abrir los procesos contra los asesinos y torturadores franquistas, inventariar los bienes confiscados y publicar la verdad. Por ello es imprescindible, para todos los grupos de poder, mantener la Monarquía que es la más ilustre cómplice y encubridora de tales desmanes.
Lidia Falcón
LIDIA FALCÓN O’NEILL es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista, y Poder y Libertad, que actualmente dirige.
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